miércoles, 28 de marzo de 2012

El espectáculo debe continuar


Los argentinos asistimos a un cambio significativo en el panorama político desde Octubre a esta parte, con una orientación, por parte del gobierno, que se profundiza con el paso de los días. Qué debería ocurrir en la sociedad para legitimar, una verdadera política popular y nacional?.
Los argentinos asistimos a un cambio significativo en el panorama político desde Octubre a esta parte, con una orientación, por parte del gobierno, que se profundiza con el paso de los días.
El anuncio del recorte de los subsidios asociado al tarifazo gradual, la aprobación de la ley antiterrorista, la afirmación de la política extractiva con megaminería a cielo abierto, el mantenimiento de la política de destrucción del transporte público, la voluntad manifiesta del pago de la deuda externa al costo del aumento de la deuda interna y ahora el condicionamiento de las paritarias con negociaciones de aumentos “razonables”, son los rasgos más destacados, en un sinceramiento brutal, de la vuelta a las fuentes del modelo neoliberal.
Innumerables medidas intermedias se conjugan en esta orientación, apoyadas en la legitimidad del 54% de votos obtenidos y una magistral construcción del relato, avanzando sin temor, aunque el velo popular y nacional, como un manto corto, no alcance a tapar la obscenidad de la entrega del patrimonio nacional y de la pobreza estructural.
La judicialización del conflicto Malvinas que reducido a los intereses económicos en el archipiélago,  oculta los lazos de intereses mutuos entre el imperio Británico y el gobierno nacional (banca, petróleo y minería). Simulacro de política nacional que se repite en las medidas respecto de la cuestión de YPF, en un proyecto para declarar de interés publico a los hidrocarburos, cuando en realidad se está intentando perpetuar un sistema de negocios, enterrando en el olvido el art.40 de la Constitución de 1949, que establece con total claridad la nacionalización de los recursos estratégicos.
El espectáculo de la política discursiva impuso que el anuncio, genera consenso, en el sentido de lo nacional y popular, cuando en realidad lo que hace es “reciclar” el modelo neoliberal. Estamos en presencia de la sofisticación del modelo que permite, por ejemplo, hacer aparecer la asignación a la niñez como universal, cuando en realidad no lo es.
La tragedia de Once, tan concreta como la carne aplastada de trabajadores y la tragedia simbólica del discurso de la Presidenta en el Congreso ponen de relieve la pregunta:
“Qué debería ocurrir en la sociedad para legitimar, una verdadera política popular y nacional?”..
Multiplicidad de causas tensan, en la masa del pueblo, la contradicción entre la conservación de lo dado (confrontado con la crisis del 2001)y la necesidad de cambio (la apropiación de las rentas extaordinarias en la distribución del ingreso) que reclaman sectores crecientes de la sociedad y de los cuales no pocos serán merecedores de una respuesta que profundiza los instrumentos punitivos del Estado, como es la Ley Antiterrorista.
El cambio presupone abandonar una concepción delegativa de la democracia y que, dé la postergada respuesta a la crisis de representatividad política, con el convencimiento de que la salida es colectiva y que nuestras necesidades inmediatas deberían sustentarse en un nuevo paradigma de progreso basado en el respeto a la madre tierra, el agua y el aire.
En ese sentido el movimiento asambleario que subsistió a la crisis del 2001 es un emergente y es una de las principales fisuras, del modelo neo-desarrollista, que el gobierno Kirschnerista dejó sin cerrar, a pesar de algunas medidas acertadas y de la manipulación, confirmando que el régimen, seguía piloteado por los que no se fueron nunca. También el campo gremial incorpora, aunque en forma algo secundaria, como lo hace la CTA, a la lucha salarial la defensa del medio ambiente y como parte de los derechos humanos. Emergentes que actualizan la vigencia de lo que se puso en tela de jucio en el 2001.
Proyecto Sur se inscribe en ese contexto como alternativa para recordar que seguimos siendo una colonia y que nuestra premisa ineludible es que la transformación de la Argentina va de la mano de la transformación del poder. No hay distribución de la riqueza en una democracia delegativa, porque no ofrece las herramientas, más allá de lo electoral, para garantizar que el producto del trabajo de sus habitantes y de los recursos naturales no se la lleven las transnacionales perpetuando su dominación. Tenemos que asumir que el cambio que buscamos no es sólo político, sino también cultural y social, con la participación de todos los actores sociales. El cambio se producirá sobre un contexto de fuerte protagonismo de la sociedad, expresando su voluntad a través de organizaciones sociales, movimientos sindicales, movimientos culturales y partidos políticos, unidos por las grandes causas nacionales.
El llamado progresismo sigue pensando y proponiendo en términos de la democracia delegativa y dejando intacta la crisis de representatividad.
Las organizaciones sociales mantienen una enorme desconfianza, justificada si vemos que los partidos se acercan para la captación de militantes y para imponer liderazgos, lo que hace reeditar el desencuentro dentro del campo popular. No es el caso de Proyecto Sur, que desde su surgimiento propuso la unidad y que la transformación no la puede hacer una sola fuerza, sino la articulación en una estrategia de todas las fuerzas sociales, culturales y políticas comprometidas con la defensa de los intereses nacionales.
Se ha aludido, en innumerables ocasiones, al estallido y al movimiento asambleario del 2001, expresando la frustración de que no dio el salto político, dejando un vacío que volvieron a ocupar los que siempre estuvieron. Sin embargo muchas asambleas se mantuvieron y surgieron otras, con logros importantes, como en varias provincias frenando proyectos extractivos y contaminantes. La frustración es la de los partidos de izquierda y el progresismo en general que interpretaron que, el saldo que debía producirse, era el que debían sumarse a sus fuerzas políticas y legitimar su conducción en un nuevo escenario. Por el contrario Proyecto Sur entiende que las organizaciones sociales deben permanecer como tales, profundizando su construcción e identidad, al mismo tiempo que trabajando juntos por una gran columna, un eje vertebrador de una gran unidad de fuerzas alrededor de un proyecto emancipador.


Pablo Lanza. Maximiliano Perez. 

martes, 20 de marzo de 2012

24 de marzo


El sábado 24 de marzo, y como siempre lo hicimos, marcharemos al cumplirse 36 años del golpe genocida. La marcha partirá a las 15.30 de la Plaza de los Dos Congresos para reclamar cárcel YA a todos los genocidas y el fin de la impunidad. Por los derechos humanos de ayer y de hoy, contra el ajuste, el saqueo de nuestros bienes naturales, cese de la represión y derogación de la denominada Ley Antiterrorista.
 
La marcha irá de Congreso hasta Plaza de Mayo, pedimos convocarnos a las 15hs.
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS:
¡PRESENTES!!! 

miércoles, 14 de marzo de 2012

Foro !

FORO DE ALTERNATIVAS A LA MEGAMINERIA
VIERNES 16 DE MARZO, 14Hs. -FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS


Desde Proyecto Sur queremos hacerle llegar esta invitación para
participar del
 FORO SOBRE ALTERNATIVAS A LA MEGAMINERIA.
Los acontecimientos de los últimos tiempos de resistencia popular y
represión han vuelto a instalar este tema en la agenda pública.

Creemos necesaria la profundización de un debate acerca de los caminos
de superación del actual sistema extractivista y de saqueo.

El FORO se propone generar un debate abierto y solidario entre
referentes, organizaciones sociales y políticas; pretende ser un espacio
para profundizar los saberes y ampliar las bases de apoyo social en la lucha
por otro proyecto productivo, al servicio del interés nacional y popular
y no del interés de las transnacionales.
Aquellos que quieran participar del evento con ponencias o aportes
pueden enviar mensaje a:   
alter.megamineria.ar@gmail.com  y
comunicarse con la organización del FORO.

PARTICIPAN :
-Jorge Cardelli,
-Lucio Cuenca (Chile)
-Marcelo Giraud (Mendoza)
-Fernanda Reyes
-Enrique Viale
-Pablo Bergel
-Javier Rodriguez Pardo (Chubut)
-Mirta Antoneli (U. N. Cordoba)
-Raul Silva (San Juan)
-Mario Cafiero
-Osvaldo González Salinas (Esquel)
-Maristella Svampa
-Norma Giarraca
-Gloria Peña (Andalgalá)
-Pino Solanas


Panel 1 BALANCE SOCIO ECONOMICO, AMBIENTAL y JURIDICO DE  LA MEGAMINERIA.Iniciativas legislativas de prohibición de la megamineria. Causas
judiciales en ejecución. Necesidad de creación de un Fuero Ambiental.
Analisis tratado minero Argentino-Chileno


PANEL 2:  Balance y perspectivas de la resistencia popular a la megamineria.
Con participación de  referentes de las resistencias locales y
organizaciones sociales.

Panel 3 Alternativas  productivas y económicas al sistema “extractivista desarrollista”.
Otro desarrollo local es posible. El agua y las cadenas productivas locales.
¿Qué minería es necesaria y posible para un proyecto productivo nacional?

martes, 13 de marzo de 2012

El derecho a vivir en un ambiente ¿sano?

¿Qué sucede cuando uno de los derechos más esenciales como es el agua, es violentado y negociado a expensas de un Estado que tiene por tarea fundamental defenderlos y garantizarlos? 
Podríamos decir que en Argentina la historia se desenvuelve en torno a ciclos cuya interrelación es el negociado… Qué puede hacer la población? Quizás son preguntas con más de una respuesta, lo cierto es que desde aquí nos une la idea de que la lucha es la primera de todas las opciones.

Contamos  con legislación y jurisprudencia vasta sobre el “tema ambiental”; Argentina ha tenido avances importantes en lo que respecta al derecho de sus habitantes a “vivir en un ambiente sano” lo cual lo podemos encontrar en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional (“…promover el bienestar general…”) pasando por los artículos 14, 14 bis, 28, 31, 33, 39, 40 y hallándolo en su mayor expresión en el artículo 41 de la Carta Magna: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…” y continúa diciendo “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Otros artículos de la Constitución, a través de diferentes herramientas garantizan que los derechos mencionados puedan ser exigidos y que dicho accionar tenga eco en la justicia. Además encontramos expresiones de esta misma sintonía en el Código Penal, en el Código Civil, en leyes provinciales y en la Ley general del ambiente: 25675.

Habiendo dicho lo anterior, cómo es posible que hoy nos preguntemos por qué el Estado no defiende los recursos que permiten y garantizan la salud de sus habitantes, entendida ésta de acuerdo a lo expuesto por la OMS, no sólo como sinónimo de “ausencia de enfermedad” sino como  un estado de completo bienestar físico, mental y social?

A lo largo de los años hemos sido testigos y actores directos de los cambios generados en el ambiente y con ellos, de los tratamientos y análisis que sobre tal cuestión se realizan. La aparición de grandes centros industriales y asentamientos poblacionales a escala nacional y global produjo dos efectos claves: incremento de la demanda de uso de agua potable y aumento de la contaminación. Estos dos factores convirtieron al agua potable en un problema relevante, ya que su uso ilimitado no es posible. Este fenómeno se ha constatado en numerosos aspectos: en los ríos surgen problemas de polución por desechos industriales y urbanos, en las aguas subterráneas hay altísimos niveles de contaminación, se detectan problemas por las actividades predatorias difusas de la fauna y flora, la salinización de las aguas dulces. El problema se detecta en todo tipo de espacio y lugar donde el agua es relevante: los mares, las aguas polares, las subterráneas, los lagos, los arroyos; nada escapa al problema.
La problemática principal que tuvieron que regular los Códigos Civiles en el período anterior fue la delimitación entre el dominio público y el privado. A esta necesidad respondió la clasificación de las aguas: públicas y privadas, mares y aguas territoriales, curso de los ríos y propietarios ribereños, aguas subterráneas y superficiales. En la actualidad interesa más el uso que la propiedad.
El agua admite múltiples usos, abastecimiento para consumo humano directo, doméstico, industrial, irrigación, conservación de flora y fauna, recreación y estético, pesca, generación de energía, transporte, etc. Estos usos no dependen de la propiedad pública o privada, sino de los interesados en tales finalidades. Por esta razón comienzan a perfilarse sectores vinculados a usos específicos que actúan como centros de interés jurídico, y provocan conflictos.

Pero de qué tipo de conflicto hablamos?

Hemos presenciado en los últimos años un crecimiento continuado de grandes corporaciones económicas interesadas en nuestros recursos naturales y en la explotación y extracción de los mismos. Ejemplo más palpable de este hecho es la actividad minera.

Durante los años `90, bajo el gobierno de Carlos Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas acentuaron aún más las asimetrías.
En la actualidad los resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son notorios y significan la consolidación de verdaderas “franquicias” neocoloniales que van configurando espacios productivos dependientes del mercado internacional.
Lejos de ser las herramientas que permiten “el desarrollo” (como argumentan sus defensores más acérrimos) la megaminería transnacional refuerza la dependencia hacia los centros de poder global y profundiza la desigualdad ya existente, sin generar la productividad prometida para la provincia que quisiera ostentar.

La megaminería parece haber cumplido un rol importante en la historia del desarrollo y la consolidación industrial de Estados Unidos, Canadá y Australia logrando su crecimiento económico sostenido. Su historia sugiere que la minería tiende a atraer grandes inversiones y generar rentas considerables, que pueden financiar inversiones adicionales, estimular el desarrollo de la infraestructura de transportes, pagar salarios relativamente altos y apoyar el desarrollo de la industria manufacturera local para el procesamiento de los minerales. Este razonamiento histórico propone que la minería puede ser potencialmente el puntapié inicial para que los países en desarrollo escapen de su situación y “den el salto”.
Lo cierto es que no sería un tema polémico si fuera una industria más, sin embargo, no lo es:
*este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca, a través del sistema de explotación minera a cielo abierto, que utiliza técnicas de procesamiento por flotación, esto significa la presencia de sustancias químicas altamente contaminantes que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones e infinitos daños ambientales. En los primeros tiempos, no tenía tanto impacto ambiental, porque las vetas eran más ricas. Hoy esto no sucede, es necesario destruir cerros y montañas para extraer unos gramos de oro. De eso se trata la megaminería a cielo abierto, utiliza cianuro u otro metal pesado, y grandes cantidades de agua, para la “lixiviación” del metal; es decir, separarlo de las grandes cantidades de roca, algo que no puede hacerse manualmente con la minería artesanal.
*se trata de minería a gran escala, es decir, de “mega-emprendimientos”, una actividad que consume enormes cantidades de agua (la Alumbrera tiene permitida la utilización de 100 millones de litros de agua POR DÍA) y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas.
*no se trata de una actividad sustentable, o sea perdurable en el tiempo, puesto que hablamos de recursos NO renovables. Además, su metodologia de extracción no recompone los daños ocasionados al ambiente.
*las estadísticas demuestran que el empleo y la riqueza que se generan en el lugar de la explotación tampoco se sostienen luego de que la mina se cierra

Esquel, Andalgalá, Famatina son gritos que marcan que las poblaciones ya no están dispuestas a dejar que se continúe con el saqueo y contaminación de su Tierra, nuestra y de todos. Los gobernantes no representan la lucha que se ha instalado con afán de defender nuestros recursos sino que están más ocupados en mantener una política económica extractivista y dependiente de capitales extranjeros lo cual atenta contra nuestra soberanía. Este interés cipayo se afianza y defiende con una actividad represiva por parte del Estado contra todos los que están en contra del “progreso”.

Desde aquí preguntamos, progreso de quién? 


Soledad Erazo.