Políticas autoritarias y violaciones a los derechos humanos
El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado advirtiendo de violaciones a los Derechos Humanos que suceden en las comisarias bonaerenses. A partir de varias denuncias recibidas, la Comisión realizó una investigación cuya conclusión fue contundente: hacinamiento, falta de condiciones mínimas de seguridad, encierros de 24 hs, negación de los derechos básicos y contrariamente a lo que establece la ley, detenciones de entre 3 y 18 meses.
Esta situación, se entiende en el contexto de las políticas de seguridad actuales, que se enmarcan dentro de un paradigma autoritario con el cual se maneja la seguridad bonaerense. Desde que asumió la actual gestión, se formularon una serie de reformas en el Código Procesal Penal que ponen el enfoque en la prisionalización como la primera respuesta a la inseguridad. El encarcelamiento se vuelve la estrategia ante cualquier circunstancia, acompañado de un juicio más abreviado en el cual se ablandan las garantías constitucionales de los detenidos.
Discursos mediáticos y políticos favorecen este modo de actuar, instalando un discurso que promueve la detención indiscriminada y en malas condiciones. La misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2009 hizo declaraciones acerca de que la policía trabajaba bien, ya que “detiene y detiene” y que la Justicia no daba respuesta porque “libera y libera”. También es común escuchar en los medios de comunicación a periodistas y jueces que se indignan ante los delitos cometidos por menores, pero rara vez se los ve indignarse por la marginación o frente a los actos de violencia institucional.
Lo que esto produce, es una profundización de la desigualdad y una fuerza represiva estatal más violenta. Los efectos en las cárceles son: sobrepoblación, altos niveles de violencia, tortura, maltrato y negación de los derechos básicos de salud, trabajo, educación, alimentación y seguridad.
Las políticas de “mano dura” se implementan sin reparar en su demostrada ineficacia, además incumplen con las normas constitucionales e internacionales que postulan que la prisión preventiva debe ser excepcional. El efecto inmediato de estas políticas es la criminalización de los sectores sociales más desfavorecidos. Cuánto detener y porqué delitos, son decisiones políticas que privilegian la persecución de delitos menores y no de los más complejos.
De las personas privadas de libertad el 76% no tiene condena firme y el 30% son finalmente absueltos, la población en unidades y comisarias era en 2009 de 27.614, siendo que la capacidad era para 17.858, esto demuestra que de por sí el Estado incumple con las condiciones mínimas de trato.
Como lo denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los encarcelamientos en comisarias que deben ser transitorios, se vuelven permanentes, contrariamente a lo que afirmaba el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli en 2008, de que “la desocupación de las dependencias policiales sería inminente”.
En nuestro municipio, Almirante Brown, se cuenta con una capacidad de alojamiento en comisarias para 80 personas, sin embargo, los detenidos son casi 200, habiendo una sobrepoblación del 139%, siendo uno de los municipios con mayor hacinamiento del conurbano bonaerense.
Contra lo que sostienen ciertos estereotipos, no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos. La sobrepoblación en comisarias constituye un problema tanto por la violación de derechos humanos de los detenidos, como por los inconvenientes de seguridad que genera. Un ejemplo claro de ésto es el hecho ocurrido el año pasado en Glew, donde se fugaron detenidos de la comisaria por estar alojados en instalaciones preparadas para otra tarea.
Las respuestas que el gobierno da ante el tema de sobrepoblación en las cárceles pueden hacernos ver el modo deficiente en que entienden el problema, ya que la solución termina siendo peor que el problema. La principal respuesta es la construcción de más cárceles, pero ésta es una solución deficiente, ya que los encarcelamientos también siguen en aumento y la construcción nunca será suficiente. Además las cárceles se construyen o amplían con “nódulos de bajo costo” que no poseen las condiciones mínimas de seguridad, como sistemas antiincendios, calefacción y agua potable.
Ni el gobierno nacional, ni el provincial, proporcionan soluciones reales al problema, las verdaderas causas se invisibilizan y dejan de lado. Además, mediante discursos autoritarios legitiman y promueven la violación de los Derechos Humanos en detenciones y dependencias policiales. La situación dentro de cárceles y comisarías bonaerenses es crítica, son un ámbito donde el terrorismo de Estado aún continua, donde los encarcelados pierden sus derechos y los representantes del Estado hacen abuso de su poder.
El Estado asocia los hechos de violencia a la sobrepoblación, y proporciona soluciones en base a esto, ignorando lo que las investigaciones demuestran, que la violencia forma parte de la cultura de la institución carcelaria. Por lo cual, se vuelve fundamental el rol ejercido por las organizaciones sociales que denuncian la violación sistemática de los Derechos Humanos, mostrando la real dimensión de un problema que se encuentra, como tantos otros, invisibilizado.
